ANTONIO MADRIDEJOS / Barcelona
VIERNES, 24 DE ENERO DEL 2014 - 21.33 H
el Periódico
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El Consejo de Ministros ha dado luz verde al anteproyecto de ley de parques nacionales que, entre otros aspectos, introduce unos criterios mínimos para unificar la gestión de los 15 espacios de la red y para la declaración de nuevos parques, prohíbe la caza y la pesca salvo en casos de gestión de poblaciones y abre por primera vez la posibilidad de actividades comerciales, como la navegación fluvial, para que "puedan aportar recursos adicionales" para la conservación de la zona.
La red de parques nacionales, la máxima figura de protección ambiental en España, está constituida por 15 espacios que totalizan más de 300.000 hectáreas y que anualmente reciben unos 10 millones de visitas. Solo uno se encuentra en Catalunya, el de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.
El texto ha incorporado algunas modificaciones, no excesivas, después de que el Consejo de Estado dictaminara recientemente que diversos aspectos de la ley eran inconstitucionales.
La ley, que se remitirá próximamente a las Cortes para su negociación parlamentaria y ratificación, pretende "garantizar" la conservación de los parques y el disfrute por parte de las próximas generaciones, así como fomentar la economía verde en los municipios cuyo término municipal incluye territorio de un parque, como ha subrayado en rueda de prensa el ministro de Agricultura y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete.
Peligrosas excepciones
Los asociaciones ambientalistas no tienen tan claras las "garantías de conservación" a las que alude el Gobierno porque, entre otras cuestiones, la ley permite la navegación en uno de los parques, el de Monfragüe (Cáceres), y el vuelo sin motor en otro, el de Guadarrama (Madrid-Segovia). Y también introduce una "peligrosa excepción para la transformación urbanística en los parques", como explica Theo Oberhuber, de Ecologistas en Acción.
El texto declara "incompatible" la caza deportiva y comercial, la pesca deportiva y recreativa y la tala con fines comerciales. Asimismo. aumenta la superficie mínima requerida, que pasa a ser de 20.000 hectáreas en los parques nacionales terrestres peninsulares.
La ley también establece que el Estado, coordinado con las comunidades autónomas, podrá intervenir directamente en los parques nacionales en caso de catástrofes o situaciones extremas, como los incendios forestales.
La ley, ha añadido Cañete, "refuerza la coordinación" entre Estado y comunidades autónomas para garantizar la conservación de los parques nacionales, con "absoluto respeto a las sentencias del Tribunal Constitucional".
En este sentido, el ministro ha explicado que hasta 1997 el Estado había gestionado de forma directa los parques, pero tras una sentencia del Constitucional de 1995 se pasó a la gestión compartida. Posteriormente, en el 2007, también por otra sentencia, se atribuyó en exclusiva a las comunidades la gestión, pero no se estableció ninguna facultad de coordinación ni acción puntual en caso de riesgo extraordinario. De ahí, ha señalado, que la nueva ley establezca un nuevo marco jurídico de coordinación y de intervención en casos de catástrofe.
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